El Ayuntamiento de Marbella, investigado

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a Roca y a los otros cinco acusados

• EFE

La Audiencia Nacional ha comenzado este jueves, tras rechazar las cuestiones previas planteadas por los acusados, a juzgar al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y a los otros cinco acusados por el supuesto desvío de 36 millones de euros de fondos municipales.

La que sigue es una relación de los acontecimientos más importantes ocurridos durante la instrucción judicial del caso:

- 8 de febrero de 2001: La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el alcalde Jesús Gil y otras cuatro personas por el presunto desvío, entre 1991 y 1995, de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento marbellí a sociedades fantasma que emitían facturas falsas por supuestos servicios al consistorio.

- 9 de febrero de 2001: El juez Guillermo Ruiz Polanco, de guardia en la Audiencia Nacional, ordena el registro de varias sociedades municipales marbellíes y de la oficina privada de Gil.

- 12 de febrero de 2001: La querella recae por reparto en el juzgado de Juan del Olmo, que ya investigaba las presuntas irregularidades cometidas en la transformación en sociedad anónima deportiva del Atlético de Madrid, que preside Gil.

- 14 de febrero de 2001: Del Olmo se inhibe de la investigación y, en contra del criterio de la Fiscalía, envía el caso a los Juzgados de Marbella, al considerar que de la cuantía de lo supuestamente malversado no se evidencia que pueda afectar a la economía nacional.

- 15 de junio de 2001: El juzgado número 1 de Marbella, sobre quien recae el caso, rechaza la competencia.

- 15 de enero de 2002: El Supremo decide que sea Del Olmo quien instruya el caso debido a la "complejidad" de los hechos.

- 16 de abril de 2002: Del Olmo ordena el ingreso en prisión de Gil y del presunto contable del entramado financiero creado para desviar fondos del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Castel.

- 17 de abril de 2002: El juez decreta asimismo el ingreso en prisión del gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca; del gerente de la sociedad municipal marbellí Contratas 2000, José Luis Jiménez; del ex empleado de esta sociedad Eduardo Gonzálvez; del ex empleado de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Javier Herrera y del ex asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra.

- 19 al 26 de abril de 2002: Del Olmo acuerda la puesta en libertad bajo fianza de los siete imputados.

- 24 de abril de 2002: Gil dimite como alcalde, tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia que le inhabilita durante 28 años para ejercer cargo público por el llamado Caso Camisetas.

- 14 de mayo de 2004: Fallece Jesús Gil.

- 26 de mayo de 2005: El juez Félix Degayón -que sustituye a Del Olmo mientras éste investiga el 11-M- concluye la instrucción del caso imputando por malversación de caudales públicos a siete personas: todos los que habían pasado por la cárcel -salvo Gil- más la esposa de Jiménez, Purificación Notario.

- 9 de junio de 2005: La Fiscalía Anticorrupción hace público su escrito de conclusiones provisionales, en el que cifra en 36 millones de euros el desvío de fondos municipales entre 1991 y 1995 y pide para los acusados penas de entre 8 y 10 años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

- 16 de junio de 2005: Muere Jiménez.

- 23 de abril de 2008: El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ha ocupado la plaza de Del Olmo, ordena el ingreso en prisión de Roca, eludible con el pago de una fianza de tres millones de euros que no ha satisfecho hasta el momento, por el elevado riesgo de fuga y la proximidad del juicio.

- 18 de septiembre de 2008: El abogado de Roca renuncia a su defensa, lo que retrasa el inicio del juicio, previsto para el 25 de septiembre, hasta el 10 de octubre.

- 10 de octubre de 2008: Las defensas exponen al tribunal sus cuestiones previas, entre ellas la petición de que la Audiencia Nacional se inhiba del caso en favor del Tribunal de Cuentas.

- 23 de octubre de 2008: El tribunal rechaza todas las cuestiones previas. El juicio comienza con el interrogatorio de los procesados.

Una estrecha colaboradora de Chaves también sablea a la Diputación de Almería

 

09.10.08 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PD).- Suma y sigue en el escándalo en la Diputación de Almería. Al medio centenar de altos cargos del PSOE que cobran sustanciosos sueldos a cambio de no hacer trabajo alguno se suma nuevas revelaciones que afectan a los cargos de confianza de Manuel Chaves. Nerea Hernández, secretaria de Organización socialista en Almería, cobra casi 3.000 euros por un cargo de asesora de Participación Ciudadana y Relaciones con Movimientos Sociales.

Según recuerda lanacion.es, se suma así al escándalo de los socialistas que cobran dinero público por no hacer nada que está sacando a la luz el semanario Época.

En concreto, Hernández ostenta ese cargo desde mayo de 2008 y percibe un salario de 2.898, 20 euros mensuales. Sin embargo, su dedicación al partido es plena, jornada completa, y poco o casi nada acude al organismo provincial para justificar el sueldo público que recibe.

Su despacho sigue estando en la sede del PSOE de Almería, donde según fuentes internas acude todos los días a desempeñar su puesto como dirigente del partido. Por la Diputación le han visto pocas veces y raro es el día que se asoma por las instalaciones de la Administración provincial.

El escándalo de la Diputación de Almería ya se ha cobrado tres ceses de cargos de confianza

 

ABC. ALMERÍA 

Jueves, 09-10-08

El presidente de la Diputación de Almería, el socialista Juan Carlos Usero, anunció ayer que ha aceptado la dimisión de tres de los cinco cargos de confianza que aparecen en un vídeo filmado con una cámara oculta que su puesto les sirve para estar liberados para el PSOE.

En declaraciones a Europa Press, Usero precisó que procederá al cese del director de Relaciones de Entes Supraprovinciales, Antonio Ortiz, la asesora Rosalía Gallardo y el director de Desarrollo Sostenible, Diego López, porque sus declaraciones «deterioran la imagen de la institución».

En el vídeo, Antonio Ortiz y Rosalía Gallardo son localizados en los despachos de la agrupación socialista de Roquetas de Mar y el primero dice tener su cargo en Diputación «para estar liberado» ya que en la institución «no hace prácticamente nada». Por su parte, el ex concejal del Ayuntamiento de Almería Diego López reconoce no tener «ni el grado A ni el grado B» de funcionario puesto que accedió «directamente» al haber sido concejal.

El PSOE no tiene nada que ocultar

El secretario del PSOE en Almería, Diego Asensio, respaldó el cese de tres de los asesores y felicitó al presidente de la Diputación por actuar con «contundencia y claridad» para atajar las consecuencias de unas declaraciones que calificó de «lamentables».

Pese a ello, subrayó, se impone «romper una lanza» en favor de los 42 cargos de confianza con que cuenta la Diputación, cuyo trabajo «eficaz y competente no hay que poner en duda».

Asensio abogó por la celebración cuanto antes del pleno extraordinario en la Diputación solicitado ayer por el PP y avaló el compromiso del PSOE por aportar en la sesión «toda la información necesaria para que conozca todo el mundo que no hay nada que ocultar».

Estos hechos, según el PP, podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y financiación ilegal de un partido.

Cese de Usero

El coordinador de Política Autonómica y Local del PP almeriense, Juan Manuel Moreno, pidió ayer al vicesecretario general del PSOE, José Blanco, y al secretario de Política Municipal socialista, Antonio Hernando, que exijan la dimisión del presidente de la Diputación de Almería por estos hechos, que apuntan a un «grave escándalo de corrupción» en la contratación de asesores.

Moreno exige también la dimisión del secretario general de los socialistas almerienses Diego Asensio y avanzó que pedirá explicaciones en el Congreso y en el Senado.

El PP también ha solicitado al Parlamento que, a través de la Cámara de Cuentas, investigue el caso y realice una auditoría y adelantó que trasladará a la Fiscalía de la Audiencia la información de la que se dispone por si los hechos fueran constitutivos de delito.