viernes, 5 de septiembre de 2008

Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias, en la lista negra del maltrato a sus costas

 

Greenpeace denuncia que aumenta la corrupción urbanística y los proyectos de construcción de viviendas en la costa | Galería: así se destruye el litoral | Mapa de los diez puntos negros de las costas |

 

  • Agencias
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Las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias son las que más "maltratan" su litoral, según la organización ecologista Greenpeace, que ha denunciado además que durante el último año ha seguido el modelo de crecimiento basado en la degradación del litoral.

Greenpeace ha hecho hoy pública la nueva edición de su informe anual Destrucción a toda costa (aquí, en PDF), que pone de relieve además que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67, y que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 se han sumado 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras portuarias.

El "podio" de las que menos cuidan su litoral lo encabezarían las cuatro comunidades citadas junto a las de Ceuta y Melilla; en el segundo escalón estarían Cataluña, Baleares y Galicia; y el tercer lugar sería para el País Vasco, Cantabria y Asturias.

Ante esta situación, Greenpeace propuso medidas como impedir la "expansión ilimitada" de viviendas; aplicar "de manera efectiva" la Ley de Costas y proteger la primera franja de 500 metros de la urbanización; acabar con los vertidos industriales y urbanos "indiscriminados"; así como crear nuevas reservas litorales para proteger y recuperar las especies acuáticas y las áreas de mayor valor ambiental.

Diez puntos negros

La organización ecologista ha citado además cuáles son a su juicio los diez "puntos negros" más amenazados por el ladrillo (ver mapa): Algarrobico, el Puerto de Tarifa, el polo químico de Huelva, el Delta del Ebro, Marina d'Or, el "Manhattan" de Cullera, el Puerto deportivo de Pasajes, la Ría de Vigo, el puerto de Granadilla en Tenerife y la Marina de Cope en Águilas.

El documento de esta organización recopila hasta cien puntos negros en el litoral español, y cuestiona el modelo de desarrollo económico de los últimos años, basado -mantiene el informe- en la construcción ilimitada a costa de recursos y del patrimonio natural.

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 817 kilómetros de litoral cuenta con 18 puntos negros entre los que figuran dos de los lugares más contaminados de la península: el Polo químico de Huelva y la Bahía de Algeciras.

En cuanto a Valencia, Greenpeace denunció que continúan realizándose grandes desarrollos turísticos, "especialmente Marina D'Or Golf y Manhattan de Cullera". Asimismo señala el aumento de puertos deportivos y la contaminación en once puntos negros en la comunidad.

En la Región de Murcia, con 274 kilómetros de costas, la organización ecologista analiza en su informe siete puntos negros. La construcción en la comunidad ha aumentado un 200 por ciento desde 1987 y se han desprotegido espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.

Canarias destaca por el "alto" índice de casos de corrupción urbanística que afectan a 118 funcionarios públicos y por el desarrollo de un modelo de turismo que favorece la pérdida de zonas agrícolas en favor de los campos de golf y el aumento de amarres, según Greenpeace.

 

martes, 2 de septiembre de 2008

El instructor del CGPJ y la Fiscalía discrepan sobre la sanción al juez del 'caso Mari Luz'

Para el encargado del expediente, Rafael Tirado cometió una falta "grave" mientras que el Ministerio Público cree que se trató de una "muy grave"
Actualizado Martes, 02-09-08
 
No hay acuerdo entre el instructor del expediente contra el juez Rafael Tirado y el fiscal. El encargado del informe disciplinario sobre el magistrado que no ejecutó una sentencia condenatoria contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz, ha concluido que se trató de una falta grave que acarrearía una multa de hasta 3.000 euros. La Fiscalía, por el contrario, considera que el juez de Sevilla incurrió en una falta muy grave, que podría suponer una suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial.
Instructor y fiscal discrepan respecto de la gravedad de la actuación del juez Tirado y de la sanción que debe serle impuesta. Mientras que el primero, designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), califica los hechos como una "infracción grave", la Fiscalía cree que se trata de una falta "muy grave" de desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de una causa.
La diferencia es que, en el primer caso, la máxima sanción a la que se expone Tirado es una multa de 3.000 euros, mientras que de considerarse que cometió una infracción muy grave el castigo podría ser de suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial.
A través de una nota de prensa, la Fiscalía ha recordado que cuando el pasado 7 de abril la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó abrir un expediente a Tirado ya consideró que la falta podía ser calificada de muy grave.
Los argumentos del fiscal
"Tras analizar los hechos, el fiscal constata que, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años".
La Fiscalía añade que el juez de Sevilla "tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión". "El fiscal entiende que en estas circunstancias -incomparecencia del penado, no suspensión de condena-, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes", agrega el comunicado.
El Ministerio Público también señala que "la función jurisdiccional comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado" y añade que, aunque en la ejecución de sentencias intervienen más instancias, "el juez tiene la obligación de controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto" la resolución.
El padre de Mari Luz lo califica de «una burla a la Justicia»
El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ha afirmado que la consideración de la Fiscalía de que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, incurrió en una falta "muy grave" por la que podría ser sancionado con "la suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ", es decir, la separación de la carrera judicial, "se ajusta más a la ley y a la justicia".
Cortés ha señalado que la decisión tomada por la Fiscalía le parece "un acierto", ya que "si cualquier ciudadano está sometido al cumplimiento de la ley, los jueces también tienen que deberse a su órgano interno que vela y que regula los errores que ellos cometen".
Cortés ha apuntado que calificar los hechos como "falta leve" si le parecía que estaba "en desacuerdo con la ley", a lo que ha denominado como "una burla a la justicia".