Entre los arrestados figuran el alcalde Antonio Barrientos, al arquitecto Arturo Cebrián, al edil de Hacienda, el jefe de Alcaldía y un técnico de Urbanismo | La Fiscalía asegura que Estepona funcionaba "con el mismo patrón que Marbella"
- Mª A. Delgado | S. Sánchez (ADN)
Nueve de la mañana del 17 de junio. Salta de nuevo la alarma de la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en este caso en Estepona, donde una treintena de agentes de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) ha registrado el domicilio particular del alcalde del PSOE Antonio Barrientos, del que el regidor ha salido en un coche camuflado después de cinco horas.
Fruto de la operación, que ya ha sido denominada caso 'Astapa', se han detenido ya a 25 personas entre empresarios, concejales, ex concejales y técnicos además del alcalde socialista. La investigación se mantiene aún abierta, por lo que no se descartan más arrestos.
También se han registrado el Ayuntamiento de la localidad y las dependencias de Urbanismo y Hacienda, que permanecen custodiadas por los efectivos policiales. El concejal de Economía y Hacienda de Estepona (Málaga) y portavoz municipal del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, y el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur están entre los detenidos.
El ingeniero de Obras Públicas, que al parecer ocupa alguna responsabilidad en el área municipal de Urbanismo y que figuraba en las últimas elecciones locales en la candidatura del Partido Estepona (PES), formado por ex integrantes del grupo GIL que fundara el fallecido Jesús Gil. Wittemeur ha salido de la sede de Urbanismo y Hacienda en un coche policial junto a cuatro agentes pasadas las 16.30 horas, según han informado a Efe testigos presenciales.
La Policía pudo destapar el escándalo porque vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.
Las supuestas irregularidades cometidas en esta operación inmobiliaria de Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del "Caso Malaya" contra la corrupción en Marbella, al que tuvo acceso Efe.
Acusaciones
Los arrestados estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también ha librado órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La Fiscalía asegura que la trama funcionaba con "el mismo patrón" que Marbella.
Sobre las once de la mañana salió el primer esposado del edificio Puertosol, sede de las áreas de Urbanismo y Hacienda. Se trata del arquitecto municipal Arturo Cebrián, al que ya se le relacionó en febrero pasado un presunto delito de blanqueo de capitales. Luego, se ha producido la detención del regidor, del concejal del Partido de Estepona (PES) Manuel Reina y del edil de Hacienda Francisco Zamorano.
Fuentes del caso aseguran que la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado. También añaden que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían a cambio comisiones ilegales.
Entre los detenidos podrían encontrarse otros ediles de la corporación municipal y algunos empresarios relacionados con el sector de la construcción y que tienen vínculos con cargos públicos en el Ayuntamiento de Estepona.
Inicio de la investigación
La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.
Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, Conde-Pumpido decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.
Reacciones a la operación
De momento, ningún miembro de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista se ha pronunciado sobre el caso, pero desde el ámbito regional han enviado un comunicado en el que exponen la decisión de incoar expedientes de expulsión provisional del partido a aquellos concejales implicados en la investigación policial hasta que se aclare su situación.
El presidente de Partido Popular en Málaga Joaquín Ramírez ha criticado la decisión de los socialistas y pide cautela hasta que no se desvelen más datos.
La operación policial se ha iniciado muy temprano y apenas ha trascendido a la población hasta medio día, dada la discreción de los agentes. Conforme la noticia se ha ido propagando, los vecinos no han mostrado sorpresa porque aseguran que la sombra de la sospecha de la corrupción se cierne sobre la localidad desde la etapa política del Grupo Independiente Liberal.
Antonio Barrientos, que es considerado el sexto alcalde mejor pagado de España (97.210 euros al año), está al frente del Ayuntamiento de Estepona desde el 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del GIL.
